La Constitución de la República Dominicana, promulgada por primera vez en 1844, es la ley suprema del país que define su estructura política, jurídica y social. Este documento ha sido objeto de numerosas reformas a lo largo de la historia dominicana, adaptándose a los cambios sociales, económicos y políticos del país1. La Constitución dominicana refleja la influencia de otras constituciones internacionales, particularmente la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución francesa, además de principios fundamentales de derecho constitucional y republicanismo2.
Desde su promulgación, la Constitución ha evolucionado para establecer y proteger derechos fundamentales, como los derechos civiles, derechos sociales, y más recientemente, los derechos ambientales. Estas reformas han permitido la adaptación de la Carta Magna a la sociedad dominicana y sus demandas, fortaleciendo los pilares de la democracia y la participación ciudadana1.
A lo largo de los años, han surgido varios momentos clave en la historia constitucional dominicana. Durante la dictadura de Trujillo, se realizaron cambios en el texto constitucional para consolidar el poder autoritario2. Tras la caída de este régimen en 1961, la Constitución fue reformada para promover la transición democrática, y en 1966, se adoptaron medidas para consolidar la democracia en el país. Las reformas más recientes de 2015 y 2024 se han enfocado en ampliar los derechos fundamentales y mejorar la eficiencia de las instituciones del Estado dominicano, tales como el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de la Magistratura3.
Actualmente, la Constitución continúa siendo un reflejo de los ideales democráticos y sociales del país, con disposiciones para garantizar el respeto de los derechos ciudadanos y la estabilidad del sistema democrático. La Carta Magna establece procedimientos específicos para su modificación, buscando un equilibrio entre la soberanía nacional y la justicia social. Además, su texto se complementa con tratados internacionales de derechos humanos que fortalecen la protección de los derechos en el país.
