SANTO DOMINGO. La cúpula eclesiástica católica en el país acudió ayer a la Cámara de Diputados para conocer los detalles del proceso que se lleva a cabo allí con el proyecto de ley del Código Penal, cuyo artículo sobre la penalización del aborto ha sido observado por el Poder Ejecutivo.
El arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria; el vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, José Dolores Grullón Estrella; el obispo de Baní, Víctor Masalles, y el vicario episcopal de Santo Domingo Este, Benito Ángeles, se reunieron ayer con la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, “preocupados por el camino que ha seguido el Código Penal”, y pidieron su rápida aprobación, según explicó esta.
“Se puede pensar aquí que hay una búsqueda de presión y lo primero que venimos a decir es que aquí no es presión, es preocupación”, respondió Masalles, sobre su presencia allí y la posible influencia que pudiesen ejercer para que sea aprobado el Código Penal, tal y como fue refrendado en el Senado, que rechazó las observaciones sobre el aborto y la no penalización cuando el embarazo sea producto de violación, incesto o en caso de que la vida de la madre o el feto estén en peligro.
Decenas de organizaciones que abogan por los derechos de la mujer pidieron a la Cámara de Diputados excluir del Código Penal la penalización por las tres causales observadas por el Poder Ejecutivo.
El director del Consejo Nacional para el VIH y el Sida (Conavhisida), Víctor Terrero, dijo que con esa medida los diputados garantizarían los derechos consignados en los artículos 38 y 42 de la Constitución.
Afirmó que a pesar de que la mayoría de legisladores favorecen de que sea despenalizada la interrupción del embarazo en las condiciones planteadas, esas pretensiones no se materializan por presiones.
La Academia de Ciencias de la República Dominicana emitió un comunicado en el que respalda las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo al Código Penal y demandó a los diputados y lamentó “la denigrante y desafortunada decisión del Senado” de penalizar la interrupción del embarazo.
